Ricardo Alberto Martinelli acepta acusación de blanqueo de capitales

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Ricardo Alberto Martinelli acepta acusación de blanqueo de capitales ante un juez de Nueva York.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se ha declarado ayer martes en Nueva York culpable de blanqueo de dinero y soborno, esto en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Al igual que ya hizo el pasado 2 de diciembre su hermano, Ricardo Alberto, de 42 años, quien había aceptado haber participado en conjunto con Luis Enrique en una conspiración para pagar en Panamá más de 28 millones de dólares en sobornos.

De acuerdo a un arreglo alcanzado con la Fiscalía, esta solicitará una pena de entre 108 y 135 meses de cárcel para Ricardo Alberto; la defensa, por su parte, renunciará a apelar la sentencia si esta es igual o menor a los 151 meses de cárcel (12 años y medio).

El juez Raymond Dearie -el mismo que lleva el caso de Luis Enrique- es quien realizará la lectura de la sentencia de Ricardo Alberto para el próximo 13 de mayo, a pesar que el abogado de la defensa de los Martinelli ya anunció ayer que pedirá adelantar tal veredicto.

Además, adelantó que estará solicitando que el juez le realice la aplicación como pena máxima el tiempo que él ya ha pasado en prisión a contar desde el 12 de julio de 2020, cuando los dos hermanos fueron arrestados en Guatemala al tratar de huir de ese país en un avión privado.

Ricardo Alberto, que llegó el viernes pasado a Nueva York después de ser extraditado desde Guatemala, se encuentra siendo acusado, al igual que su hermano, de participar «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados».

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del tribunal.